Empieza hoy una nueva etapa en la Justicia con cambios clave

Desde hoy, la Justicia penal de Salta inicia un cambio estructural con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, cuya implementación había sido postergada desde febrero ante la falta de condiciones organizativas, tecnológicas y de recursos humanos. El nuevo modelo, de corte acusatorio adversarial, introduce la oralidad como eje central del proceso.

En este contexto, El Tribuno consultó a abogados y abogadas especialistas en derecho penal para conocer su visión sobre este cambio histórico y las expectativas que genera su implementación.

El abogado penalista Marcelo Arancibia, con 46 años en el ejercicio de la profesión, consideró que la reforma representa un avance significativo para el sistema judicial.

“Para mi entender es saludable. Le da un movimiento al sistema. No puedo hacer futurología, pero si se impulsa la oralidad, eso es muy importante”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el nuevo modelo permite una mayor cercanía entre la Justicia y la sociedad. “Antes todo se tramitaba por escrito, con una falta absoluta de comunicación entre los justiciables y quienes hacen justicia”, afirmó, y consideró que ahora se podrá “vivencializar” el proceso judicial.

También sostuvo que la reforma apunta a terminar con las demoras estructurales. De esta forma quedará atrás “ese viejo dicho de que los expedientes duermen (que algunas veces ofendía) pero que no dejaba de ser cierto”, indicó, y destacó la posibilidad de acuerdos que “no dilaten la causa y obliguen a todas las partes a tener objetividad”.

Sobre los cambios concretos, explicó: “Los plazos son más perentorios, preestablecidos, van desde tres, hasta 10 días y todo es oral. Cada parte va a exponer y el juez inmediatamente debe resolver en ese acto y dar las razones”.

Además, advirtió que el nuevo esquema exigirá estudio y preocupación continuos. “El que no estudió los argumentos y los encuadres con la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la fuente del derecho la va a pasar muy mal”, sostuvo.

Por último, remarcó que ya no habrá demoras en los fundamentos de las sentencias. “Tiene que ser continuo, inmediato”, afirmó, y concluyó: “La justicia cuando es lenta, deja de ser justicia. Hemos luchado mucho junto a otros abogados para que se llegue a esto, sin tanto protocolo, eufemismos, ni dilaciones”, finalizó.

“Una justicia más ágil”

La presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Trinidad Arias Villegas, expresó: “Los abogados litigantes tenemos una gran expectativa positiva porque apunta a un objetivo que la sociedad viene reclamando hace tiempo, que es una justicia más ágil y más eficiente”, afirmó.

En ese marco, remarcó el rol activo que tuvo la institución. “Nuestro colegio participó activamente a través de nuestro consejero Alejandro Pomares y los directores del Instituto de Derecho Penal, trabajando junto con el Poder Judicial, aportando su experiencia y compromiso profesional para la implementación eficaz de este código”, señaló.

Finalmente, subrayó que el trabajo articulado entre las instituciones es clave porque demuestra que los resultados son mejores para la sociedad.

El abogado Sebastián Aguirre Astigueta manifestó: “Tengo muchas y buenas expectativas. Hay preparación en la comunidad jurídica. Y esperemos que las herramientas informáticas y la infraestructura estén a la altura del desafío”, señaló.

Desde una perspectiva de fondo, destacó que: “si se comprende cabalmente la separación funcional entre acusación y juzgamiento como condición de imparcialidad y se respeta la igualdad de armas entre defensa y fiscalía, va a resultar constitucional este gran paso”, afirmó.

En esa línea, fue enfático respecto del rol del Ministerio Público Fiscal. “Objetividad y probidad reclamo en los fiscales”, sostuvo.

Aguirre Astigueta explicó que el nuevo esquema. “Todo se resolvería en audiencias. Pura oralidad. El juez no tomaría contacto con los hechos ni el material probatorio de las partes sino hasta las audiencias. Se busca mantenerlo ‘incontaminado'”, detalló.

Asimismo, remarcó la centralidad del fiscal en el avance de las causas. “El fiscal tiene la gran carga de hacer avanzar las causas. Una enorme responsabilidad. Por eso su deber de buena fe y objetividad”, indicó.

Por último, relativizó el impacto de los plazos procesales en la práctica. “Lo de los plazos es relativo. Siempre los códigos marcan plazos pero sistemáticamente se los incumplen”, concluyó.