El Papa León XIV pedía el jueves humanidad a los dirigentes europeos en el tratamiento de la inmigración: “Este drama debe convertirse en un examen de conciencia. Europa no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrase a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas”.
La diplomacia vaticana no da puntada sin hilo, y el duro discurso de León XIV, desde Canarias, apeló directamente a la dirigencia política europea la víspera de la entrada en vigor, este viernes, del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un compendio de 10 reformas legales que buscan, todas, hacer más difícil (y por lo tanto peligroso) llegar a Europa y tratar con más dureza a quienes lleguen.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo es la gran apuesta de la Unión Europea por cerrar fronteras, endurecer los caminos hacia Europa y deportar a más migrantes. A pesar de que los propios informes económicos de la Unión Europea reconocen que esa inmigración es necesaria (y aún insuficiente) para mantener la población europea estable y por su contribución económica.
Una crisis de más de 10 años
El Pacto Europeo de Migración y Asilo es la respuesta del bloque a una crisis de hace más de 10 años, la de 2015, cuando llegaron en pocos meses, cruzando el mar entre Turquía y Grecia y después a pie, más de un millón de personas que huían de las guerras en Siria, Afganistán e Irak.
La crisis económica de un lustro antes y esa crisis migratoria están en la base del surgimiento de las extremas derechas del viejo continente, además de un difuso malestar que se extiende ahora por medio planeta.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo es la gran apuesta de la Unión Europea por cerrar fronteras. Foto: Mahmud Turkia / AFP
Los objetivos principales de aquellas reformas es hacer lo más difícil posible emigrar a Europa, aumentar la tasa real de deportados, externalizar a campos de concentración en terceros países a quienes no se puede deportar y, en última instancia, implantar un sistema de solidaridad intraeuropeo por el que los países por el que entran los migrantes reciben apoyo del resto.
Europa lleva décadas emitiendo centenares de miles de órdenes de expulsión cada año que nunca se ejecutan. Sólo entre el 20% y el 30% de quienes reciben esas órdenes son realmente deportados de vuelta a sus países. El resto no porque o sus países no los aceptan (los ingresos por remesas son siempre más que las ayudas europeas) o directamente ni se saben cuál es el país de origen.
Los nuevos campos de concentración
Además, en estos meses los gobiernos europeos están empezando a intentar que terceros países, más pobres, acepten instalar en sus territorios campos de concentración donde encerrar a esos inmigrantes, también a los niños, para no tenerlos en Europa. Por ahora sólo Italia consiguió que Albania aceptara a un máximo de 3.000 personas.
Inmigrantes llegan a la isla de Lampedusa. Foto: Zakaria Abdelkafi / AFP
Ese modelo está todavía en revisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya está semana adelantó que, en caso de aceptar su legalidad, siempre tendría que aplicarse en esos campos la normativa de asilo europea.
La abogada general Laila Medina, cuya opinión es validad por los jueces en más de un 80% de ocasiones, siembra dudas sobre la legalidad de esta medida. En caso de crearse esos campos de concentración, fuentes diplomáticas europeas hablan de Uzbekistán, Senegal o Kenia.
Los ministros de Interior de los 27 gobiernos de la Unión Europea se reunieron este viernes en Chipre. Celebran la entrada en vigor de unas reformas que abren agujeros legales en un bloque que se precia de ser el faro del derecho internacional.
Por ejemplo cuando se permite que se rechacen de forma sumaria, sin pasar por la revisión de un juez, solicitudes de asilo en frontera tras ser comprobadas sólo por un policía. Como ocurre en las islas griegas desde 2016.
El pacto da siete días para tomar esa decisión, y para no violar la Convención de Refugiados de Ginebra y la propia Directiva Europea de Asilo, se crea la ficción de que el solicitante de asilo en frontera está en una especie de espacio de nadie, en una realidad paralela, porque legalmente se considerará que no ha entrado en el país.
En caso de llegadas masivas, y cada Estado miembro es libre de decidir qué es “masiva”, se puede incluso prohibir la presentación de solicitudes de asilo.
La Comisión Europea reconoce que hay 11 estados miembro que todavía no están preparados para aplicar completamente toda la nueva reforma, a pesar de que desde hace dos años Bruselas asegura que todo estaba listo. El 12 de junio de 2024, hace justo dos años, la entonces comisaria europea de Inmigración, Ilva Johansson, dijo que si uno sólo de los 27 no lo aplicaba “todo se caía”.
La parte de la solidaridad intraeuropea está por concretarse: si Grecia volviera a recibir cientos o miles de personas al día el resto de sus socios podría ser “solidario” de muchas formas: acogiendo a una parte de los que llegan, enviando personal y material para reforzar el control fronterizo o simplemente pagando.
El pacto se completa con acuerdos con terceros países para impedir las salidas de migrantes, la revisión de la definición de país seguro, para poder deportar a migrantes a dictaduras donde sus derechos son violados sistemáticamente, como Túnez o Egipto.
Desde hace años hay pruebas de prácticas criminales contra migrantes a manos de grupos financiados y equipados por la Unión Europea, como milicias libias. La Comisión Europea ha hecho siempre oídos sordos. La última idea es firmar un pacto con el régimen talibán afgano, para el que se espera en Bruselas a sus dirigentes en las próximas semanas o meses.
