Grupos de Whatsapp con amenazas y fotos de armas

En el avance de las causas, el Ministerio Público Fiscal ordenó allanamientos en domicilios y el secuestro de dispositivos electrónicos. De acuerdo a fuentes oficiales, en algunos casos se detectaron grupos de WhatsApp donde circulaban amenazas concretas e incluso imágenes de armas, lo que agravó la situación procesal de los involucrados. Estas evidencias son consideradas claves para determinar si existió una planificación más allá de las pintadas o si se trató de conductas imitativas dentro de un fenómeno viral.

La ministra de Educación, Cristina Fiore, confirmó a El Tribuno que el Ministerio Público Fiscal dispuso el acompañamiento preventivo de la Policía en los establecimientos donde se registraron denuncias.

“Tenemos siete denuncias muy concretas, a partir de ahí estaba la Policía acompañando”, explicó la funcionaria, quien señaló que se reforzaron los controles en los ingresos a los colegios.

En ese sentido, indicó que no cuenta con confirmación sobre requisas a estudiantes, aunque aclaró que, de haberse realizado, habrían contado con autorización judicial. También destacó que en muchos casos los padres acompañaron a sus hijos al ingreso a clases.

Se registraron siete denuncias concretas por amenazas en establecimientos educativos, según dijo la ministra Fiore.

Fiore buscó llevar tranquilidad al remarcar que, pese al contexto de preocupación, “las clases se desarrollaron con total normalidad” en la provincia, y atribuyó ese resultado a la rápida actuación de directivos, fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal.

Advirtió sobre la gravedad de estos hechos, “esto no es un chiste ni un desafío viral, puede constituir un delito de amenaza o intimidación pública”.

La ministra también puso el foco en el rol de las familias frente a este tipo de situaciones. “La escuela sola no puede, estamos frente a problemáticas sociales complejas que también impactan en el ámbito educativo”, afirmó, al tiempo que llamó a reforzar el acompañamiento de niños y adolescentes.

Las conductas investigadas pueden encuadrarse en delitos con penas de entre 2 y 6 años de prisión.

Por otra parte, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el subjefe de Policía, Walter Toledo, visitaron distintos establecimientos educativos y dialogaron con las autoridades.

Avellaneda informó a los directivos sobre el trabajo conjunto con Ministerio Público Fiscal, Asesorías de Menores e Incapaces y Juzgados de Menores, ante el registro de mensajes intimidatorios que afectaron la tranquilidad de la comunidad educativa en distintas instituciones.

El funcionario señaló que las conductas pueden encuadrarse dentro de un delito tipificado en el Código Penal, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión y subrayó la necesidad de fortalecer el diálogo en el seno familiar transmitiendo a los jóvenes las responsabilidades en las que pueden incurrir al participar de estos supuestos retos virales.