Harvard pagará US$53 millones por el escándalo de venta de restos humanos de su morgue

El acuerdo busca compensar a las familias de las personas cuyos restos fueron sustraídos

La Facultad de Medicina de Harvard acordó destinar US$53 millones a dos fondos de indemnización colectiva para las familias de personas cuyos restos fueron robados de la morgue de la institución y posteriormente comercializados.

El acuerdo fue anunciado esta semana por la universidad, aunque todavía debe ser sometido a la aprobación judicial antes de quedar formalmente establecido.

La decisión representa un nuevo capítulo en un caso que provocó conmoción en Estados Unidos y puso bajo cuestionamiento los controles del programa encargado de administrar los cuerpos donados para fines médicos y educativos.

El escándalo salió a la luz en 2023

La investigación comenzó a tomar estado público hace aproximadamente tres años, cuando las autoridades determinaron que partes de cuerpos humanos habían sido sustraídas de la morgue de Harvard durante el período comprendido entre 2018 y 2023.

Los restos pertenecían a personas que habían sido donadas a la institución con fines de enseñanza e investigación médica.

De acuerdo con la investigación, una vez que Harvard dejaba de utilizar los cuerpos donados, algunas de sus partes eran retiradas de manera ilegal y posteriormente comercializadas.

El exgerente de la morgue fue condenado

Uno de los principales protagonistas del caso fue Cedric Lodge, quien se desempeñaba como gerente de la morgue de la Facultad de Medicina.

Lodge se declaró culpable de transportar restos humanos robados entre distintos estados y recibió una condena de ocho años de prisión.

Las autoridades sostuvieron que tuvo un papel central en un esquema que involucraba la venta y distribución de diferentes partes de cuerpos humanos.

Entre los restos mencionados en la investigación aparecen cerebros, piel, manos y rostros, que fueron enviados a compradores en Pensilvania y otros lugares.

Un mercado ilegal con destinos perturbadores

La investigación reveló que los restos sustraídos eran ofrecidos a compradores para distintos fines.

Uno de los casos señalados por las autoridades involucró la venta de piel humana a una persona que pretendía curtirla para utilizarla en la encuadernación de un libro.

También se investigó la venta de un rostro humano, en un episodio que las autoridades calificaron como particularmente perturbador.

El caso expuso la existencia de un circuito ilegal que aprovechaba restos provenientes de un programa destinado exclusivamente a fines médicos y educativos.

Las familias llevaron el caso a la Justicia

Tras conocerse el esquema, familiares de las personas cuyos restos habían sido afectados presentaron demandas civiles contra Harvard.

En febrero de 2024, un juez había desestimado esos reclamos al considerar que la universidad estaba protegida de responsabilidad y que había actuado de buena fe frente a la conducta de sus empleados.

Sin embargo, esa decisión no puso punto final al conflicto.

En octubre de 2025, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts revocó parcialmente el fallo anterior y permitió que las demandas pudieran continuar.

Ese cambio judicial abrió el camino para que las familias y la universidad avanzaran posteriormente hacia un acuerdo de compensación.

Harvard revisó su programa de donación anatómica

Después de que se descubriera el esquema, Harvard recurrió a especialistas externos para realizar una evaluación del Programa de Donación Anatómica de la Facultad de Medicina.

A partir de esa revisión, la institución implementó modificaciones destinadas a reforzar los procedimientos y controles relacionados con los cuerpos donados.

El objetivo fue corregir las deficiencias detectadas y evitar que una situación similar pudiera repetirse.

Un acuerdo millonario que aún debe ser aprobado

El nuevo acuerdo contempla la creación de dos fondos de indemnización colectiva por un total de US$53 millones.

El dinero estará destinado a las familias afectadas por el robo de restos humanos, aunque el mecanismo todavía debe superar la instancia de aprobación judicial.

La compensación económica constituye, hasta ahora, una de las principales consecuencias institucionales derivadas del escándalo.

El caso también dejó bajo escrutinio los sistemas de control utilizados para proteger los cuerpos entregados voluntariamente a instituciones médicas para investigación y formación profesional.

La resolución definitiva del acuerdo dependerá ahora de la evaluación de la Justicia, mientras Harvard continúa afrontando las consecuencias legales e institucionales de uno de los episodios más graves registrados en su programa de donaciones anatómicas.