La administración de Saeta genera dudas y cuestionamientos

Las explicaciones que dio ayer el presidente de Saeta, Claudio Mohr, sobre los motivos de la suspensión del servicio nocturno de colectivos no dejaron nada conformes a los diputados. Las reunión tampoco dejó definiciones concretas sobre un restablecimiento de frecuencias que exige medidas inmediatas, frente a un corte prestacional que afecta a cerca de 120 mil personas, incluidos estudiantes de instituciones del sistema educativo que funcionan con clases nocturnas, policías, personal de enfermería y trabajadores de rubros clave de la actividad económica y del sector turístico como el gastronómico.

El titular de la sociedad provincial del transporte que administra los corredores urbanos e interurbanos de la región metropolitana de Salta cargó todas las responsabilidades sobre las empresas el sector, que una semana atrás, en una nota dirigida a las autoridades de Saeta, manifestaron que se les adeudaba el 60% de los pagos por las prestaciones de abril y advirtieron que, en esas condiciones, carecían de recursos para cubrir gastos operativos básicos del servicio. La respuesta, que días más tarde se tradujo en la suspensión del servicio nocturno fue: “No hay plata”.

Ayer, más de un diputado, en base a los números que les informó Mohr, manifestaron tras la reunión que lo que les adeudaría Saeta a las operadoras sería una porción de abril y otra mayo que no resultaría ser ni el 25% del monto global de los pagos comprometidos por las prestaciones realizadas en el período. La significativa diferencia entre los atrasos reclamados por las empresas y reconocidos por la administradora del sistema generó un mar de dudas en el seno legislativo.

Socorro Villamayor, sin rodeos, remarcó en una entrevista con Radio Salta que el paso de Mohr por la Legislatura “no nos ha dejado satisfechos”. Luis Mendaña plasmó esa disconformidad en un pedido de informes para que Saeta informe con precisión el cuadro de ingresos, egresos y la deuda prestacional arrastrada. El legislador de La Caldera puso de esa forma el foco en un aspecto central: la administración de los fondos del sistema.

Cifras oficiales

Por la tarde, a través de un parte oficial, se detalló que desde Saeta “durante el presente ejercicio se realizaron transferencias por un total de $54.891 millones” en el marco de los créditos autorizados por la ley del presupuesto provincial de 2026. Desde el directorio que preside Mohr se aseguró que, en lo que respecta a la ley 8518, “desde el Estado no existe deuda alguna a la fecha”.

Con respecto a las ocho empresas concesionarias se indicó en ese parte de la Cámara baja que “denunciaron una deuda por kilometraje y subsidios por parte de la sociedad estatal que supera el 60% del certificado del mes de abril, equivalente a 7.000 millones de pesos”. De esa forma y sin mención alguna del atraso prestacional de mayo, se admitió el monto adeudado por abril y rectificó a diputados que, en base al informe que dio su titular ayer, habían dado por sentada una deuda prestacional significativamente menor.

La suspensión del servicio nocturno de colectivos del sistema que administra Saeta afecta a cerca de 120 mil personas.

En ese parte oficial se afirmó que el sistema “opera con un déficit mensual de entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. Se señaló que el servicio “requiere hasta 14.000 millones de pesos mensuales para funcionar con normalidad y actualmente solo dispone de 10.450 millones”, con un valor por kilómetro de $3.800 millones, al que se calificó como “bajo para mantener la flota”. Se indicó, además, que “la quita de la nocturnidad ahorra 60.000 kilómetros mensuales, pero no cubre la brecha financiera”, por lo que se buscará “reconfigurar las frecuencias en horarios valles para optimizar el servicio”. El descalabró se atribuyó a “la quita de los subsidios nacionales”, “un incremento del 50% en el precio del combustible en el último tiempo”, la variación inflacionaria del período y las subas salariales proyectadas en paritarias.

Números del sistema

Mohr asumió la presidencia de Saeta en enero de 2020. En esos momentos el boleto urbano estaba en $20. Hoy cuesta $1.450. Es decir que en seis años aumentó un 7.150%.

En 2023 la recaudación de boletos fue de $13.000 millones, el subsidio provincial alcanzó $26.000 millones y el subsidio nacional, $7.000 millones, lo que sumó un total de $46.000 millones.

Dos años y medio después, el sistema cuesta más de cuatro veces eso y aún así no alcanza.

En mayo último el sistema necesitó alrededor de $20.000 millones mensuales para funcionar, pero la recaudación por boletos apenas alcanzó entre $6.000 y $6.500 millones, mientras que la Provincia aportó cerca de $10.500 millones. Estos números arrojan un déficit mensual de $3.500 millones.

El sistema necesita hasta $14.000 millones mensuales para funcionar con normalidad, pero dispone de $10.450 millones.

El subsidio nacional que en 2023 -ya depreciado- representaba $7000 millones, desapareció. En 2025 y lo que va de 2026 ese agujero fue absorbido por la Provincia y el usuario vía aumentos del boleto.

El subsidio provincial se multiplicó por cinco en tres años: pasó de $26.000 a $136.250 millones, según los presupuestos aprobados por ley. La recaudación por boletos también se multiplicó exponencialmente por los sucesivos aumentos tarifarios, aunque por la misma razón la venta de pasajes decreció en forma significativa. El pasado 8 de abril el pasaje fue llevado a $1.450 y se eliminó el trasbordo gratuito. La suba provocó que la venta de pasajes cayera en un millón y medio de boletos mensuales. La recaudación diaria osciló entre 330 y 350 millones de pesos, muy por debajo de los $400 millones proyectados. Todas estas cifras, y un déficit triplicado, explican las dudas y cuestionamientos que despierta hoy la administración de Saeta.