La Corte de Justicia de Salta avaló la Ley de Participación Democrática y rechazó los planteos de inconstitucionalidad
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La Corte de Justicia de Salta avaló la Ley de Participación Democrática y rechazó los planteos de inconstitucionalidad


El máximo tribunal provincial confirmó la validez de la Ley 8535 y sostuvo que la Legislatura tiene facultades para definir el régimen electoral. También consideró razonables las exigencias para presentar candidaturas a gobernador y vicegobernador y conformar frentes electorales.

La Corte de Justicia de Salta confirmó la constitucionalidad de la Ley 8535 de Participación Democrática, al considerar que el régimen electoral establecido por la norma fue aprobado por la Legislatura en ejercicio de sus atribuciones y que no contradice las disposiciones de las constituciones provincial y nacional.

El fallo respondió a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón, Claudio Ariel Del Plá y Alejandro Patrón Costas, quienes habían cuestionado la normativa electoral.

En su resolución, el máximo tribunal salteño sostuvo que las provincias tienen autonomía para establecer sus propios sistemas electorales, de acuerdo con los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional.

Los jueces también señalaron que el artículo 56 de la Constitución Provincial deja en manos de la ley la determinación del régimen electoral, mientras que el artículo 127, inciso 16, otorga a la Legislatura amplias facultades para reglamentarlo según las circunstancias políticas y sociales.

Aval al requisito de presentar candidatos en al menos 15 departamentos

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la validación del artículo 2 de la Ley 8535, que establece que las fuerzas políticas deben presentar candidaturas en al menos 15 departamentos de Salta para poder postular candidatos a gobernador y vicegobernador.

La Corte consideró que esta exigencia es razonable, ya que establece una condición de organización y participación territorial para las agrupaciones políticas.

Según el Tribunal, el requisito guarda relación con las funciones del gobernador, quien representa a la totalidad de la provincia y no únicamente a determinados departamentos.

Además, aclaró que esta disposición no modifica los requisitos personales para acceder al cargo de gobernador, que continúan siendo los establecidos por la Constitución Provincial.

Los frentes electorales deberán estar integrados por al menos dos partidos

Otro de los aspectos analizados fue la obligación de que los frentes electorales estén conformados por un mínimo de dos partidos políticos.

La Corte también consideró constitucional esta exigencia y sostuvo que resulta coherente con el propósito de la ley de garantizar una mayor representatividad de las fuerzas que participan en las elecciones.

En ese sentido, el Tribunal remarcó que la normativa respeta el principio de igualdad, porque establece el mismo tratamiento para quienes se encuentran en circunstancias equivalentes.

También señaló que es válido distinguir entre partidos políticos y alianzas electorales, dado que se trata de organizaciones que presentan características diferentes.

La Corte respaldó las facultades de la Legislatura para definir el sistema electoral

En otro tramo de su decisión, el máximo tribunal provincial dejó en claro que la elección de un determinado sistema electoral constituye una cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia que corresponde resolver a los poderes políticos del Estado.

De esta manera, sostuvo que es la Legislatura la que tiene la competencia para establecer las reglas del sistema electoral, siempre que estas respeten los límites fijados por las constituciones nacional y provincial.

La Corte también analizó el mecanismo de asignación de cargos contemplado en la ley y concluyó que respeta el principio de elección directa establecido por la Constitución de Salta.

Según explicó, la designación de los candidatos surge de la manifestación inmediata de la voluntad del electorado, sin la intervención de órganos intermediarios.

Quiénes habían cuestionado la ley

Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas en tres expedientes diferentes ante la Corte de Justicia de Salta:

  • Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón: expediente CJS 978.543/26.

  • Claudio Ariel Del Plá: expediente CJS 978.978/26.

  • Alejandro Patrón Costas: expediente CJS 978.881/26.

Con esta resolución, la Corte de Justicia ratificó la validez constitucional de la Ley de Participación Democrática y de las disposiciones cuestionadas sobre la participación territorial de las fuerzas políticas, la conformación de frentes electorales y el sistema de asignación de cargos.

El pronunciamiento constituye un respaldo judicial al régimen electoral aprobado por la Legislatura provincial y establece que las condiciones analizadas se encuentran dentro de las facultades constitucionales del Poder Legislativo salteño.

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