La crisis carcelaria ¿un argumento para cumplir las penas en casa?

Las deficiencias del sistema federal de detención tienen consecuencias que también llegan a los expedientes: la sobreocupación, la espera de cupos y las dificultades de atención sanitaria se convierten en argumentos para solicitar el cumplimiento de condenas fuera de una cárcel. El caso del exjuez federal Raúl Reynoso muestra cómo esas fallas pueden pesar en una decisión judicial, aun cuando el Servicio Penitenciario sostiene que está en condiciones de alojarlo y tratar sus enfermedades.

Condenado a cinco años por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión, Reynoso obtuvo la prisión domiciliaria el 3 de noviembre. La jueza Gabriela Catalano, a cargo de la ejecución de sentencia del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, valoró antecedentes sobre las dificultades para garantizar su atención. El fiscal general Carlos Martín Amad anunció que apelará porque considera que puede cumplir la pena en prisión.

Entre los argumentos de la defensa aparecen dos informes del Escuadrón 45 de Gendarmería, donde el exmagistrado estuvo alojado durante doce días. Los documentos describían calabozos con capacidad para siete personas que albergaban a trece. La propia fuerza advertía que las instalaciones no constituían una cárcel y que sus efectivos carecían de capacitación específica para la custodia penitenciaria.

Los informes fueron elaborados el 7 y el 14 de octubre de 2026, antes de la detención de Reynoso y en otras causas judiciales. Señalaban que la sobreocupación comprometía la habitabilidad, la salubridad, la higiene, la seguridad y la convivencia. También advertían sobre riesgos para la integridad de los detenidos y de los gendarmes.

Se trata de problemas documentados que el Estado debe resolver. Pero su incorporación al pedido de domiciliaria exige distinguir dónde ocurrieron, durante cuánto tiempo y si persistían en el lugar al que fue trasladado el condenado.

Reynoso permaneció transitoriamente en la dependencia de Gendarmería hasta que fue trasladado al penal federal de General Güemes.

Fuentes vinculadas al ámbito judicial explicaron que la permanencia en Gendarmería es transitoria. “Los detenidos permanecen transitoriamente en el Escuadrón 45 hasta que se consigue un cupo en una cárcel federal y se los traslada”, indicaron. Añadieron que prácticamente todos los detenidos pasan por ese procedimiento.

La explicación expone una dificultad de fondo: mientras se gestiona una plaza, la custodia queda en dependencias que reconocen limitaciones para esa tarea. El sistema recurre así a un alojamiento transitorio cuyas deficiencias luego pueden ser invocadas para cuestionar las condiciones de detención.

La cárcel de Güemes tampoco queda fuera del problema de ocupación. Según el informe anual 2025 de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), el Complejo Penitenciario Federal III registraba 577 personas en diciembre de 2024 y 579 en diciembre de 2025.

Su capacidad oficial es de 488 plazas, distribuidas entre 288 para varones y 200 para mujeres. Al cierre de 2025 había 91 internos por encima del cupo, una sobreocupación del 18,6%. Ese registro no permite establecer cuántas personas estaban alojadas cuando ingresó Reynoso, en octubre de 2026, ni determina la capacidad sanitaria para atenderlo.

El exjuez fue detenido el 15 de octubre, un día después de que la Corte Suprema rechazara la queja de su defensa y dejara firme la condena. El 27 de octubre fue trasladado desde Chachapoyas al complejo penitenciario.

Una evaluación médica del Complejo Penitenciario concluyó que Reynoso podía seguir alojado en Güemes y recibir tratamiento médico.

Para solicitar la domiciliaria, su defensa invocó las condiciones del alojamiento inicial, sus enfermedades crónicas y su edad: cumplirá 68 años en diciembre. Señaló que necesita insulina dos veces al día por su diabetes tipo 2, controles de glucemia, medicación para la hipertensión y una dieta específica. También indicó que durante su permanencia en Gendarmería fue llevado a un hospital por una glucemia de 248.

Sin embargo, la evaluación del Servicio Penitenciario Federal posterior a su ingreso a Güemes concluyó que podía permanecer allí y recibir tratamiento, con derivación hospitalaria ante una emergencia. Lo describió lúcido, orientado, en buen estado general y capaz de caminar por sus propios medios.

Catalano consideró que no estaba suficientemente acreditada la capacidad sanitaria para garantizar las prestaciones que necesita. Amad cuestionó el peso otorgado a los antecedentes frente al examen reciente del penal. Allí está el punto central de la controversia: si las dificultades invocadas impedían efectivamente cumplir la condena en Güemes.