La Justicia puso en duda los videos de Jésica Cirio en la causa contra Martín Insaurralde

Un informe técnico del Ministerio Público Fiscal cuestionó el valor probatorio de siete videos incorporados a la causa que investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El análisis fue realizado por el Laboratorio de Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la DATIP, que concluyó que no es posible determinar de manera fehaciente cuándo fueron grabados los archivos, con qué dispositivo se registraron ni si fueron modificados antes de llegar a manos de la Justicia.

Uno de los principales puntos señalados por los peritos es que los videos no conservan sus metadatos originales. Los archivos figuran con fecha del 24 de junio de 2026, pero esa información corresponde al momento en que fueron copiados a un dispositivo USB y no permite establecer cuándo fueron filmados originalmente.

Además, las marcas internas de captura de los archivos aparecen en cero. Según el informe, esto podría ser compatible con procesos de edición, transcodificación o transferencia mediante aplicaciones de mensajería, lo que impide reconstruir con precisión el recorrido digital del material.

Otro elemento que generó cuestionamientos fue la falta de un código hash de origen, una herramienta utilizada en informática forense para comprobar que un archivo no sufrió modificaciones. Sin esa referencia, los especialistas no pudieron verificar la integridad de los videos desde el momento en que fueron obtenidos.

A esto se sumó una inconsistencia en la cadena de custodia de otro elemento incorporado al expediente. La documentación consignaba un pendrive, pero dentro del sobre analizado apareció una tarjeta micro SD de 32 GB. Para los peritos, esta diferencia también afecta la trazabilidad y autenticidad del material.

De esta manera, el informe concluyó que los videos no cuentan con elementos suficientes para acreditar su origen, integridad y autenticidad. La resolución representa un revés para quienes pretendían utilizar esas imágenes como evidencia dentro de la investigación judicial.