Los siniestros viales consumen el 12% del presupuesto del hospital San Bernardo

Los siniestros viales ya representan al menos el 12% del presupuesto del hospital San Bernardo, según una estimación difundida por la directora del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la UNSa, Carla Arévalo, quien advirtió que la problemática “no tiene la atención pública” acorde a su dimensión.

El cálculo surge de considerar las aproximadamente 3.500 personas atendidas en 2025 por hechos de tránsito y un costo promedio superior a los $3 millones por paciente, sin incluir terapias intensivas, cirugías complejas ni prótesis.

En línea con ese diagnóstico, el ministro de Salud, Federico Mangione, advirtió que los costos reales pueden ser mucho mayores. “Eso de 3 millones es para empezar porque hay que calcular honorarios médicos, de enfermería, hotelería, alimentación, suero, antibióticos”, sostuvo. Incluso, reveló casos extremos: “Tuvimos una paciente que se había accidentado y gastamos más de 40 millones”.

Además, detalló que los cuadros más comunes también implican gastos elevados: “Un paciente con fractura necesita al menos cinco días de internación y el costo, con prótesis y anestesia, no baja de 5 o 6 millones”.

En tanto, Arévalo sostuvo que “realmente la dimensión es mucha, y también la sensación de que la atención sobre el tema no se iguala a la dimensión que tiene”.

La especialista remarcó que el impacto económico no se limita a la atención inmediata de las víctimas. “No hacer nada o hacer solamente lo que se hace también es caro”, afirmó, al plantear que el sistema de salud absorbe una carga creciente derivada de la siniestralidad vial.

El planteo se da en un contexto en el que Salta registró 140 muertes por siniestros viales durante 2025, según datos citados por la propia Arévalo en una columna publicada semanas atrás. La cifra equivale a una muerte cada 60 horas.

Además de las víctimas fatales, el problema se refleja en la cantidad de lesionados que requieren atención hospitalaria y, en muchos casos, quedan con secuelas permanentes.

Un problema de salud pública

La directora del IELDE insistió en que los siniestros viales deben ser abordados como un problema de salud pública y no solamente desde el control vehicular o policial.

“Generalmente decimos que falta educación, pero faltan muchas cosas. Falta trabajo coordinado entre municipios, infraestructura, evaluación de medidas y sistemas que funcionen en conjunto”, señaló.

En ese marco, Mangione también apuntó a las conductas de riesgo. “¿Cuántas veces vemos motos con cuatro o cinco personas arriba y sin casco?”, cuestionó. “Después del accidente sufrimos todos: la familia y el sistema sanitario”, advirtió.

En ese sentido, Arévalo cuestionó que muchas políticas públicas se implementen sin monitorear si efectivamente reducen la cantidad o gravedad de los siniestros. “Los gobiernos hacen cosas que por ahí se ven bien, pero después no se sabe si eso funciona o no”, sostuvo.

También relativizó la efectividad de los controles de alcoholemia como única herramienta preventiva. “El control está bien, pero si solamente hacemos eso no vamos a cambiar la realidad ni la conducta de las personas”, indicó.

Para Arévalo, una de las principales causas detrás de los hechos graves sigue siendo la velocidad. Por eso defendió el uso de cámaras de control vial. “No hay nada más eficiente que una cámara para controlar la velocidad. Un agente de tránsito no puede hacerlo todo el día como sí lo hacen las cámaras”, afirmó.

El impacto económico

Los datos mencionados por la especialista coinciden con distintos estudios nacionales que advierten sobre la enorme carga económica de la siniestralidad vial.

Un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y del Ministerio de Salud de la Nación sostiene que los hechos de tránsito constituyen “un grave problema de salud pública” debido a la cantidad de recursos humanos, económicos y materiales que demandan.

Según ese trabajo, en Argentina las lesiones de tránsito son la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años.

El mismo informe estimó que la siniestralidad vial representó en 2017 un costo equivalente al 1,7% del Producto Bruto Interno del país.

Además de los gastos médicos, los estudios contemplan pérdidas de productividad, costos judiciales, daños materiales y el impacto social y emocional sobre las familias.

Arévalo también mencionó que todavía no están calculados en Salta los costos vinculados a procesos judiciales y asistencia legal posteriores a cada siniestro.