Petroleras desafían a Milei y ratifican el proyecto Sea Lion en Malvinas
Las empresas Navitas y Rockhopper ratificaron el proyecto Sea Lion, ignorando las advertencias de sanciones por parte de la administración de Javier Milei. El proyecto prevé una inversión de USD 1.800 millones y apunta a comenzar la producción en 2028.
La firma israelí y la británica, interesadas en la explotación del yacimiento ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, emitieron un comunicado conjunto donde aseguraron que las advertencias del Gobierno argentino “no alterarán el cronograma previsto”. Las compañías defendieron la legitimidad de sus licencias, las cuales calificaron como “legalmente otorgadas”, y destacaron contar con el “apoyo total y continuo del Gobierno británico” para avanzar con la extracción.
Esta postura surge como respuesta directa al anuncio del mandatario argentino, quien anticipó la implementación de un decreto para inhabilitar a las empresas involucradas y el envío de un proyecto al Congreso para endurecer las penas.
“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, había advertido en cadena nacional Milei, buscando frenar una iniciativa que amenaza la soberanía sobre la plataforma continental.
Detalles del proyecto y proyecciones económicas
El yacimiento Sea Lion, controlado en un 65% por Navitas (empresa israelí) y un 35% por Rockhopper (empresa británica) representa una inversión de USD 1.800 millones. El plan de desarrollo contempla el inicio de la producción para el año 2028, con un volumen estimado de 55.000 barriles diarios. Según los datos técnicos, el campo posee reservas probadas de 216 millones de barriles, con recursos totales que alcanzarían los 603 millones.
El Gobierno argentino, fundamentado en la Ley 26.659, sostiene que cualquier actividad extractiva en la zona requiere autorización nacional. Mientras el Ejecutivo busca ampliar las restricciones hacia accionistas y proveedores, además de extenderlas a sectores como la pesca y el turismo, desde Londres calificaron su postura como “inamovible”, amparándose en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, un argumento que la Argentina rechaza históricamente en los foros internacionales.

