Plan vial: el Gobierno oficializó las licitaciones para concesionar 27 tramos de rutas nacionales en todo el país

En el marco de su política de reestructuración de la obra pública y transferencia de la gestión al sector privado, el Gobierno nacional dispuso la ampliación de la Red Federal de Concesiones. Mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial y rubricado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se habilitó la incorporación de 27 tramos de rutas nacionales que hasta el momento permanecían bajo la órbita de administración estatal.

La iniciativa establece que el Ministerio de Economía cuenta con un plazo de doce meses para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales con el fin de adjudicar los corredores viales. El esquema prevé que las empresas privadas seleccionadas asuman la operación, el mantenimiento, la reparación y la rehabilitación de los caminos, fondeando dichas tareas a través del sistema de contratos de peaje, sin la utilización de recursos del Tesoro nacional.

Entre los principales corredores y rutas incluidos en el anexo de la medida figuran tramos estratégicos que interconectan múltiples provincias:

• Ruta Nacional 3: Atraviesa las jurisdicciones de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.

• Ruta Nacional 9: Comprende sectores ubicados en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.

• Ruta Nacional 11: Conecta tramos fundamentales entre Santa Fe, Chaco y Formosa.

• Ruta Nacional 16: Abarca sectores distribuidos en Santiago del Estero, Chaco y Salta.

• Ruta Nacional 22: Cruza territorio de Buenos Aires y La Pampa.

• Ruta Nacional 35: Involucra caminos en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

• Ruta Nacional 38: Vincula tramos entre las provincias de Córdoba y La Rioja.

• Ruta Nacional 89: Conecta sectores de Chaco y Santiago del Estero.

• Ruta Nacional 120: Ubicada en la provincia de Corrientes.

• Ruta Nacional A0017: Sectores específicos en la provincia de Buenos Aires, además de otros corredores distribuidos en hasta 16 provincias.

Mientras el diseño y la ejecución de los llamados licitatorios correrán por cuenta de la cartera económica, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mantendrá su rol como organismo de fiscalización, encargándose de supervisar el cumplimiento estricto de los indicadores de desempeño, las inversiones obligatorias y los estándares de seguridad vial exigidos en los nuevos contratos.