Recortes del transporte nocturno: la decisión política sobre una crisis que quisieron ocultar

Desde anoche, las líneas de colectivos del servicio de transporte urbano y metropolitano dejaron de prestar servicio nocturno en la ciudad de Salta y el Valle de Lerma. Y aunque la expresión resulte trillada, lo ocurrido encaja perfectamente en aquello que suele definirse como “la crónica de una muerte anunciada”.

Las idas y vueltas de los últimos días en torno a las deudas que arrastra SAETA y el conflicto permanente con las empresas prestatarias fueron apenas el preludio de una situación que hoy se presenta más como una decisión política que como una medida de emergencia frente a la crisis del transporte. La eliminación del servicio nocturno podría ser apenas el primer paso de una transformación mucho más profunda en un sistema que desde 2005 fue exhibido como un modelo de gestión y modernización del transporte público en Argentina.

Generoso populismo

Sin embargo, detrás de esa imagen de eficiencia comenzaron a acumularse problemas estructurales que durante años fueron disimulados bajo la alfombra de los subsidios y el respaldo permanente del Estado. Un esquema sostenido por una política de asistencia que, más allá de sus beneficios sociales, evitó durante mucho tiempo discutir la verdadera sustentabilidad económica del sistema. Esto es la irresponsable generosidad de los populismos de moda de hace unos años.

Ahora, cuando la realidad fiscal impone límites cada vez más estrictos y el país debate entre modelos económicos opuestos, muchos de los argumentos que sostenían el esquema del boleto subsidiado comienzan a mostrar señales de agotamiento. Con ellos también se resquebraja el delicado equilibrio financiero sobre el que se apoyó durante años el sistema de transporte.

La reiteración de las amenazas empresariales ante una deuda que nunca termina de saldarse permite anticipar que se aproxima una modificación de gran escala. Tal como funciona actualmente, el sistema parece haber llegado a un punto de inviabilidad.

Un bomba a punto de estallar

Sin subsidios suficientes, sin margen político para aplicar aumentos significativos en la tarifa y con la expresa intención del gobernador Gustavo Sáenz de evitar despidos dentro del sector, el panorama se vuelve cada vez más complejo. A ello se suma la caída de la recaudación, impulsada en buena medida por el crecimiento de las plataformas digitales de transporte y por el creciente malestar de los usuarios que pagan el boleto diariamente y sienten que el servicio recibido está lejos de justificar el costo que afrontan.

La gratuidad del transporte alcanza hoy a estudiantes, jubilados y pensionados, personal de seguridad, beneficiarios de programas sociales y personas con discapacidad. Mientras tanto, quienes sostienen el sistema con el pago de su pasaje muchas veces no encuentran asiento, padecen frecuencias irregulares y esperan colectivos que en numerosos casos no respetan los horarios establecidos. El resultado es previsible: más pasajeros migran hacia las plataformas digitales, disminuye la demanda, cae la recaudación y se profundiza el daño del sistema.

El problema ya no afecta únicamente a quienes utilizan el transporte público. También alcanza a trabajadores, empresarios y al propio Estado, que debe encontrar una salida a una crisis que se volvió inocultable.

En ese contexto, resulta particularmente sugestivo lo ocurrido durante las últimas horas hábiles de la semana pasada. El gerente general de SAETA, Claudio Jury, salió públicamente a advertir sobre la gravedad de la situación con una frase que ya se convirtió en una marca de época: “No hay plata”.

La declaración surgió en medio de una nueva amenaza empresarial de recortar los servicios nocturnos ante la falta de pagos. Minutos después, fuentes del sector consultadas por El Tribuno aseguraban que se trataba de un conflicto que venía repitiéndose desde hacía meses: la demora en las transferencias activaba sistemáticamente los reclamos de las empresas, que advertían un crecimiento sostenido de la deuda.

Los nùmeros y los cambios

Según los cálculos empresariales, al cierre de mayo el monto adeudado rondaba los 14.000 millones de pesos, de los cuales unos 10.000 millones correspondían a servicios ya prestados y cerca de 4.000 millones a expedientes pendientes y adelantos vinculados al combustible.

En SAETA la cifra reconocida era considerablemente menor, aunque el dato más llamativo fue la propia admisión de Jury respecto de la imposibilidad de garantizar la continuidad del servicio. “No puedo salir a prometer algo que no tengo. No hay plata”, insistió de manera categórica.

Hubo entonces un llamado del Ministerio de Economía a los empresarios que pareció llevar algo de tranquilidad. “La deuda se va a pagar y vamos a llegar a un acuerdo”, transmitieron desde el sector privado hasta el viernes por la tarde. La expectativa era, al menos, reducir parte de los compromisos antes del cierre del mes.

Pero algo ocurrió en el camino. La confianza que transmitía la negociación se evaporó en cuestión de horas y las promesas quedaron rápidamente superadas por los hechos.

Frente a la inminencia del conflicto, los empresarios ratificaron el recorte de servicios y avanzaron hacia una medida que terminó derivando en la suspensión del servicio nocturno. La respuesta del Gobierno tampoco tardó en llegar: el Ministerio de Educación modificó los horarios de las actividades nocturnas, una decisión que para muchos no solo buscó resolver una urgencia coyuntural, sino también comenzar a preparar el terreno para cambios que podrían extenderse en el tiempo.

Por eso, más allá de la discusión sobre las deudas o los subsidios, lo que emerge con fuerza es la sensación de que el sistema de transporte público de Salta ingresó en una etapa de redefinición. Y que el recorte del servicio nocturno no sería el final de la crisis, sino apenas el primer capítulo de una transformación mucho más profunda que ya comenzó.