Sáenz se reunió con la Corte y el Ministerio Público por el nuevo Código Procesal Penal

La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal comenzó a transformar de manera profunda el funcionamiento de la Justicia salteña. El nuevo sistema, que empezó a regir este lunes en el Distrito Judicial del Centro, modifica el esquema tradicional de investigación y juzgamiento de los delitos, con mayor protagonismo de los fiscales, audiencias orales y expedientes completamente digitalizados.

El alcance de la reforma fue analizado durante una reunión encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz junto a autoridades de la Corte de Justicia y del Ministerio Público. El encuentro sirvió para evaluar los primeros pasos de un modelo que el Gobierno provincial considera uno de los cambios estructurales más importantes en materia judicial de las últimas décadas.

El nuevo Código completa, además, un proceso de transformación iniciado en 2011 y consolida el paso hacia un sistema acusatorio y adversarial. A partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la investigación y acusación de los delitos, mientras que los jueces asumirán el rol de controlar las garantías constitucionales, resolver planteos y asegurar la imparcialidad de los procesos.

Por un sistema más dinámico

La reforma -según se argumenta- busca dejar atrás un esquema fuertemente burocrático y apoyado en expedientes escritos para avanzar hacia un sistema más dinámico, basado en audiencias orales, decisiones inmediatas y mayor transparencia en cada etapa judicial. Las audiencias serán grabadas y quedarán registradas digitalmente, un aspecto que apunta tanto a agilizar los tiempos procesales como a reforzar el control sobre las actuaciones judiciales.

Durante la reunión, Sáenz sostuvo que el objetivo es lograr “una justicia más rápida, más transparente y más cercana a la gente” y remarcó que el nuevo modelo representa “un cambio histórico” para la provincia. También vinculó esta reforma con la implementación del juicio por jurados, señalando que ambas medidas forman parte de un mismo proceso de modernización institucional y participación ciudadana.

La digitalización de las causas

Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema será la digitalización total de las causas judiciales. La implementación de la Carpeta Judicial Digital permitirá abandonar progresivamente el expediente en papel y establecer una plataforma unificada para jueces, fiscales y defensores. Según se explicó, esto facilitará la interoperabilidad entre organismos y reducirá demoras administrativas que históricamente afectaron el avance de las causas.

Además, se creó una Oficina Judicial destinada a coordinar audiencias y administrar la agenda de los tribunales, con el objetivo de optimizar recursos y evitar suspensiones o retrasos innecesarios.

La presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, destacó que la reforma requiere un trabajo articulado entre todos los poderes del Estado y afirmó que el nuevo Código coloca a Salta en una posición destacada dentro del país en materia de modernización judicial.

En la misma línea, la defensora general Ada Guillermina Zunino consideró que el nuevo procedimiento permitirá acelerar los tiempos de resolución de las causas penales sin afectar las garantías constitucionales de los imputados. Señaló además que una de las principales demandas sociales apuntaba justamente a las extensas demoras de los procesos judiciales, sobre todo en delitos menores.

Nuevas herramientas

Otro de los puntos relevantes de la reforma es la incorporación de nuevas herramientas para investigar delitos complejos y combatir el crimen organizado. El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, destacó que el Código incorpora figuras como el agente encubierto, el informante y la entrega vigilada, mecanismos que ya existían en otras normativas pero que ahora quedan integrados dentro del nuevo esquema procesal.

La Ley 8.520 también introduce el criterio de reiterancia delictiva al momento de analizar prisiones preventivas, una medida que busca responder a los reclamos sociales vinculados con la reincidencia y la necesidad de mayor firmeza ante determinados delitos.

Con esta reforma, Salta inicia una nueva etapa en el funcionamiento de la Justicia penal, con un sistema que apuesta a reducir tiempos, transparentar procedimientos y fortalecer el acceso ciudadano a las decisiones judiciales.