Salta activa el narcotest obligatorio: funcionarios de los tres poderes deberán someterse a controles

El alcance de los controles sobre la función pública en Salta dio un paso clave y definitivo. Desde ahora, los funcionarios de los tres poderes del Estado deberán someterse a exámenes toxicológicos obligatorios, en el marco de una normativa que busca reforzar los estándares de transparencia e idoneidad en la gestión pública.

La medida quedó formalmente en vigencia tras la promulgación de la Ley Provincial Nº 8533, oficializada mediante el Decreto Nº 262, publicado este lunes en el Boletín Oficial. A través de este instrumento, el gobernador Gustavo Sáenz dispuso que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026 sea considerado ley, conforme al procedimiento establecido en el artículo 145 de la Constitución provincial.

El recorrido legislativo tuvo un punto central el 26 de febrero de 2026, cuando el Senado provincial aprobó el instrumento en una sesión especial. Luego, el texto fue remitido a la Cámara de Diputados, que no emitió una resolución dentro de los plazos previstos. Esa falta de tratamiento habilitó su entrada en vigencia automática, tal como lo establece el marco constitucional.

Alcance de la ley

La normativa establece que los controles toxicológicos serán obligatorios y alcanzarán a un amplio espectro de cargos dentro del Estado. Entre ellos se encuentran:

• Gobernador y vicegobernador
• Ministros y secretarios del Poder Ejecutivo
• Legisladores provinciales
• Magistrados, fiscales y funcionarios judiciales
• Autoridades de organismos de control
• Intendentes, concejales y funcionarios municipales

De esta manera, la ley no solo abarca al ámbito provincial, sino que también se extiende a los niveles locales, incorporando a las autoridades municipales dentro del esquema de control.

Cómo serán los controles

El texto establece que los exámenes podrán realizarse de manera periódica o sorpresiva, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la norma. Además, contempla una serie de garantías para los funcionarios, entre ellas el resguardo de la confidencialidad de los resultados y la posibilidad de solicitar una contraprueba en caso de discrepancias.

Con esta implementación, el Gobierno provincial apunta a fortalecer los mecanismos de control interno y a fijar condiciones claras en el ejercicio de la función pública, en una medida que impacta de manera directa sobre la totalidad de la estructura estatal.