Una mujer fue imputada en la Ciudad de Buenos Aires por ejercer ilegalmente la medicina, utilizar la identidad profesional de otra médica y cobrar por consultas psiquiátricas sin contar con la habilitación correspondiente. La investigación se inició cuando se presentó en la guardia de un hospital con un adolescente de 17 años y solicitó su internación con documentación que llevaba el nombre y el sello de una profesional que trabajaba en ese mismo establecimiento.

El caso salió a la luz cuando un médico clínico advirtió que los informes presentados pertenecían a una psiquiatra conocida por él y que, en ese momento, se encontraba trabajando en el hospital. Ante la sospecha de que alguien estaba utilizando su identidad, realizó la denuncia que dio origen a la investigación.

Los investigadores establecieron que dos días antes la mujer había emitido una orden de internación urgente para el adolescente, en la que consignó un diagnóstico de episodio depresivo grave con riesgo cierto e inminente. A partir de esa indicación intervino el SAME, pero el profesional que evaluó al joven consideró que no necesitaba ser internado y dispuso su alta.

Pese a ello, la sospechosa le habría exigido a la madre del adolescente el pago de $250.000 en efectivo por sus supuestos honorarios profesionales.

Allanaron su vivienda y el consultorio

A partir de las pruebas reunidas, la Fiscalía ordenó allanamientos en la vivienda de la mujer y en el consultorio donde atendía, ambos ubicados en el barrio porteño de Parque Patricios.

Durante los procedimientos, se secuestraron cuatro teléfonos celulares, un talonario, un sello con los datos de la médica cuya identidad habría sido utilizada, otros sellos con nombres diferentes, recetas, dos chips telefónicos y blísteres de medicamentos.

Según la investigación, la mujer promocionaba sus servicios a través de Instagram y recibía pacientes en su consultorio.

La acusada quedó imputada por ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento privado y defraudación. La causa tramita ante la Justicia porteña.

Mientras avanza el proceso, deberá cumplir medidas restrictivas: fijar domicilio, presentarse cada 15 días ante la Fiscalía y concurrir cuando sea citada. También se dispuso una restricción perimetral de 800 metros respecto del domicilio que utilizaba como consultorio.