Uruguay definió el protocolo para aplicar la eutanasia y obliga a garantizar el acceso al procedimiento
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Uruguay definió el protocolo para aplicar la eutanasia y obliga a garantizar el acceso al procedimiento

El gobierno de Uruguay avanzó en la reglamentación de la ley de eutanasia con la publicación de un protocolo oficial que establece las condiciones para su aplicación en todo el sistema de salud. La normativa fue impulsada tras la firma del decreto presidencial que reglamenta la denominada ley de “muerte digna”, aprobada meses atrás por el Parlamento.

El Ministerio de Salud Pública determinó que todos los prestadores de salud, tanto públicos como privados, deberán asegurar la realización del procedimiento en los casos contemplados por la ley. Esto incluye situaciones en las que existan médicos que se nieguen a participar por objeción de conciencia, lo que obligará a las instituciones a disponer de profesionales que sí estén dispuestos o a coordinar la práctica con otros centros.

La normativa reconoce el derecho individual de los médicos a no intervenir, pero establece como prioridad el cumplimiento de la voluntad del paciente. En ese sentido, las instituciones deberán garantizar que existan equipos disponibles para llevar adelante el procedimiento cuando sea solicitado.

La ley establece que podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, con aptitud psíquica, que padezcan una enfermedad incurable e irreversible y que atraviesen sufrimientos considerados insoportables. Además, el decreto incorpora definiciones técnicas y condiciones clínicas para asegurar una correcta evaluación de cada caso.

Entre los aspectos destacados, se contempla que el paciente pueda revocar su decisión en cualquier momento, sin necesidad de expresar motivos, lo que implica la suspensión inmediata del proceso. Asimismo, se le otorga la posibilidad de elegir el lugar donde se realizará la práctica, ya sea en un centro de salud o en su domicilio, y decidir si desea estar acompañado.

La reglamentación busca brindar mayor claridad y garantías en la implementación de la ley, en un tema que generó un amplio debate político, social y ético en Uruguay en los últimos años.

Uruguay definió el protocolo para aplicar la eutanasia y obliga a garantizar el acceso al procedimiento

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