VIDEO. Intiman a 30 puesteros a desalojar una histórica Feria de peatonal Florida y crece la tensión en Salta

Un clima de incertidumbre, angustia y malestar atraviesa por estas horas a decenas de familias que trabajan desde hace décadas en la histórica Feria La Salteña, conocida popularmente como la Feria de La Florida, ubicada sobre peatonal Florida, entre avenida San Martín y Urquiza, en pleno centro de la ciudad de Salta.

Treinta puesteros, que representan un total de 43 locales comerciales dentro del predio, denunciaron haber sido intimados a desalojar el lugar en un plazo de 90 días, pese a que aseguran contar con contratos vigentes hasta diciembre de 2027.

Una feria con más de 40 años de historia

En diálogo con El Tribuno, los abogados Moisés Segovia y Néstor Robles, junto al representante de los feriantes, Carlos Rivero, explicaron el conflicto judicial que mantienen con los propietarios del predio y el administrador de la feria.

“Nos encontramos ante un caso de un posible o ya una notificación formal de desalojo a puesteros de la Feria Florida”, comenzó explicando el abogado Moisés Segovia.

El letrado detalló que la feria existe desde principios de los años 80 y que muchos de los trabajadores actuales llevan allí más de 35 o 40 años.

“Estamos hablando de personas que trabajan en el lugar desde hace décadas. Muchos comenzaron cuando el predio era apenas algo improvisado y con el tiempo fueron construyendo sus puestos”, señaló.

Según explicó, los feriantes firmaban contratos de concesión cada tres años con los propietarios del inmueble, la familia David, bajo la administración de Marcelo Quinteros, primero el padre y actualmente el hijo.

“En realidad son contratos de alquiler. Cada tres años se renovaban y los trabajadores simplemente eran convocados a firmar. No había posibilidad de negociar cláusulas, montos, plazos ni condiciones”, sostuvo Segovia.

El rumor de venta y la notificación de desalojo

El conflicto se habría desencadenado a mediados de febrero de este año, cuando el administrador comenzó a advertir informalmente a los puesteros que debían abandonar el lugar porque el predio habría sido vendido. “Los comerciantes entraron en pánico. Son familias enteras que viven de esto”, indicó el abogado.

A partir de esa situación, los feriantes buscaron asesoramiento legal y comenzaron a revisar la documentación firmada. Allí, según denunciaron, detectaron múltiples irregularidades.

Uno de los puntos cuestionados tiene que ver con el valor de los alquileres. “El contrato establece claramente un monto semestral de 420 mil pesos, pero en la práctica se cobraba mensualmente. Además, figuraba que debían entregarse facturas electrónicas, cosa que nunca ocurrió”, afirmó Segovia.

Según detalló, en febrero de este año los puesteros pagaron alquileres que ya ascendían a 500 mil pesos mensuales por puesto y recibieron como comprobante simples recibos manuales.

“Ese día los 30 clientes pagaron en total 22 millones de pesos y les entregaron un talonario común de librería. A nivel fiscal eso es gravísimo”, advirtió.

Los abogados enviaron cartas documento a los propietarios solicitando explicaciones, exigiendo facturas y pidiendo que cesaran los rumores de desalojo. Sin embargo, aseguran que nunca recibieron respuestas formales.

“Las cartas llegaron el 25 de febrero y al día siguiente apareció un escribano notificando a los feriantes que debían desalojar en 90 días corridos”, explicó Segovia.

El plazo vencería el próximo 26 de mayo.

La batalla judicial

La intimación, según detallaron, se ampara en una cláusula contractual que habilitaría a los dueños a rescindir los contratos ante una eventual venta o cesión del inmueble.

“Esa cláusula es jurídicamente abusiva. Les da un derecho absoluto a los propietarios para dejar afuera a los feriantes incluso con contratos vigentes”, sostuvo el abogado.

Ante esa situación, los representantes legales iniciaron una mediación prejudicial para intentar alcanzar un acuerdo. “Los propietarios no se presentaron. Se agotó esa instancia y tuvimos que iniciar una demanda judicial por cumplimiento de contrato”, explicó Segovia.

Además, solicitaron una medida cautelar para suspender provisoriamente el desalojo hasta que la Justicia determine si la cláusula cuestionada es válida o no.

Por su parte, el abogado Néstor Robles confirmó que la Justicia rechazó en primera instancia la medida cautelar presentada por los puesteros, aunque ya apelaron esa resolución.

“Seguimos esperando respuestas. Primero intentamos con cartas documento, después con mediación y ahora en sede judicial. Hasta el momento no hubo ninguna respuesta concreta de la otra parte”, señaló.

Finalmente, sostuvo que continuarán agotando todas las instancias legales. “Vamos a seguir todos los pasos que prevé la ley para defender el derecho de nuestros clientes y exigir que se respeten los contratos vigentes”, finalizó.

“Vivimos con miedo e incertidumbre”

Carlos Rivero, uno de los referentes históricos de la feria, expresó la preocupación de las familias afectadas. “La gente está destruida moral y económicamente. Desde el momento en que llegó la notificación vivimos con incertidumbre. No sabemos si después del 26 de mayo vamos a seguir trabajando”, afirmó.

Rivero aseguró que muchos de los puestos fueron construidos y mejorados por los propios trabajadores. “El predio antes era un lote nomás. Empezamos con carpitas y después nosotros mismos hicimos estructuras, techos y mejoras. Los dueños prácticamente no hicieron nada”, relató.

También lanzó duras críticas contra el administrador de la feria. “Siempre fue una persona abusiva, agresiva, un dictador. Nos cobraba lo que quería y al que no le gustaba le decía que ahí estaba la puerta”, denunció.

Según explicó, durante años los puesteros aceptaron esas condiciones por miedo a perder su fuente laboral. “Nadie hablaba por necesidad. Había que aceptar todo”, dijo.

Rivero sostuvo además que, además del alquiler, cada renovación de contrato implicaba pagos extra que no figuraban en la documentación. “En agosto pagamos 900 mil pesos por la renovación. Eso nunca aparecía en los contratos”, afirmó.

El referente aseguró que incluso los gastos de mantenimiento corrían por cuenta de los trabajadores. “Si se rompía una llave de luz o cualquier cosa, lo pagábamos nosotros”, señaló.

Reclamos y pedidos de diálogo

Sobre la supuesta venta del predio, Rivero indicó que tampoco existen certezas. “Nos dicen que habría un compromiso de venta, pero nadie mostró documentación. No sabemos si realmente está vendido”, manifestó.

En medio del conflicto, los feriantes realizaron manifestaciones y colocaron pancartas en reclamo de una solución. “Ni siquiera nos dejaron poner carteles tranquilos. El administrador dijo que los iba a quemar”, denunció Rivero.

Pese al conflicto, aseguró que los trabajadores no buscan enfrentamientos sino diálogo. “Nosotros solo pedimos que se respeten los contratos. Queremos conversar, llegar a un acuerdo y tener tiempo para reorganizarnos si finalmente debemos irnos”, expresó.