España investiga un ataque con escopeta a Toñi, la orca más longeva de la población ibérica

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de España inició una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que Toñi —una hembra de aproximadamente 60 años conocida como “La Abuela” y matriarca de la subpoblación de orcas del Estrecho de Gibraltar— resultó con heridas compatibles con disparos de escopeta de perdigones.

El hallazgo fue documentado por especialistas de las organizaciones conservacionistas WeWhale e Iberian Orca Guardians durante tareas de monitoreo de fauna marina. Los analistas detectaron cerca de diez perforaciones de forma circular sobre el flanco izquierdo de la aleta dorsal del ejemplar, marcas que no estaban presentes en avistamientos realizados pocas semanas atrás. Según los reportes preliminares, algunos proyectiles habrían atravesado el cartílago, mientras que otros podrían permanecer incrustados en los tejidos, representando un potencial riesgo de inflamación o infección severa.

El hecho cobra un matiz de máxima gravedad debido al estado de conservación del grupo: la subpoblación de orcas ibéricas cuenta con menos de 40 individuos censados y está catalogada en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Desde el año 2020, un grupo reducido de estas orcas cobró trascendencia internacional por protagonizar interacciones sistemáticas con embarcaciones de recreo y pesqueras en el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, provocando averías en los timones. Especialistas en biología marina sostienen que estas conductas responderían a comportamientos de juego o prácticas de caza, descartando ataques intencionados contra seres humanos.

Frente a la confirmación de las lesiones, las autoridades españolas tomaron contacto con sus pares de Portugal —dado que la manada había transitado recientemente por aguas cercanas a Faro— para rastrear el origen de la agresión. El marco legal español prohíbe taxativamente la caza, persecución o perturbación de especies protegidas, estableciendo sanciones administrativas que pueden alcanzar los 2 millones de euros, además de las responsabilidades penales correspondientes.