Milei modifica por decreto la elección de jueces: sin participación ciudadana ni criterios de género

El Gobierno nacional quedó en el centro de una nueva controversia tras la publicación del Decreto 467/2026, una norma que modifica el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema, del Procurador General y del Defensor General de la Nación. La medida fue impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y generó un fuerte rechazo de organizaciones civiles, especialistas en derecho y colegios de abogados.

Uno de los principales cambios elimina la instancia previa de participación ciudadana que existía desde 2003. Hasta ahora, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, universidades y entidades profesionales podían presentar observaciones o impugnaciones sobre los candidatos propuestos antes de que sus pliegos llegaran al Senado. Con la nueva normativa, ese mecanismo desaparece y el proceso queda concentrado en el ámbito parlamentario.

Además, el decreto elimina la recomendación de considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de seleccionar candidatos para integrar la Corte Suprema. Estas pautas habían sido incorporadas con el objetivo de reflejar una representación más amplia y federal dentro del máximo tribunal del país.

Desde el Gobierno argumentaron que las modificaciones buscan agilizar los procedimientos y evitar duplicaciones administrativas, ya que las instancias de control y participación ciudadana continúan existiendo durante el tratamiento de los pliegos en el Senado.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Organizaciones como Poder Ciudadano y distintos colegios de abogados calificaron la decisión como un retroceso institucional y advirtieron que la medida reduce los niveles de transparencia en la designación de magistrados. Incluso algunos constitucionalistas solicitaron que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto por considerar que afecta mecanismos de participación democrática consolidados durante más de dos décadas.

La discusión se produce en un contexto sensible para la Justicia argentina, ya que la Corte Suprema continúa funcionando con vacantes sin cubrir y el Gobierno mantiene el desafío de alcanzar acuerdos políticos para completar su integración.