Muerte de menores: Casos emblemáticos de un problema que no se resuelve

El caso de Thiago Altamirano continúa bajo investigación judicial, con la madre del menor y su novio detenidos, pero el expediente volvió a abrir heridas por casos escalofriantes de menores que murieron cruelmente.

En la última década, varias causas de enorme impacto social dejaron al descubierto las debilidades del sistema. Los nombres de Leonel Francia y Thiago Quipildor permanecen como recordatorios de que las fallas institucionales pueden tener consecuencias irreparables.

El 31 de agosto de 2023, Leonel Guillermo Francia, de apenas 11 años, llegó sin vida al hospital Papa Francisco.

Su madre aseguró inicialmente que el niño había sufrido una caída mientras jugaba en el segundo piso de una vivienda en construcción. Según esa versión, después del supuesto accidente el chico se acostó a dormir y al día siguiente ya no despertó.

Sin embargo, las lesiones que presentaba el cuerpo despertaron inmediatamente las sospechas de los médicos. Leonel tenía hematomas, escoriaciones, heridas abiertas, sangrado en un oído y múltiples golpes distribuidos en distintas partes del cuerpo. La autopsia fue concluyente: murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo provocado por una lesión punzopenetrante.

La investigación del Ministerio Público avanzó rápidamente y la madre, Lidia Raquel Cardozo, fue detenida e imputada por homicidio calificado por el vínculo.

Mientras la Justicia reunía pruebas, vecinos del barrio Solidaridad comenzaron a relatar episodios reiterados de violencia que, según afirmaban, sufría el niño desde hacía tiempo. Dos años después, en septiembre de 2025, el Tribunal de Juicio descartó la hipótesis del accidente doméstico y condenó a Cardozo a prisión perpetua por el asesinato de su hijo. Hasta el último día del proceso judicial sostuvo que Leonel había muerto por una caída. Los jueces no le creyeron.

Pero si el crimen de Leonel mostró la violencia puertas adentro del ámbito familiar, el caso de Thiago Quipildor dejó en evidencia algo todavía más preocupante: el fracaso del propio sistema creado para proteger a los niños.

Thiago tenía apenas cuatro años cuando murió el 8 de julio de 2015. No vivía con sus padres biológicos. Había sido entregado por decisión judicial a una familia sustituta, precisamente porque el Estado entendía que debía ser protegido. Cuando ingresó al Hospital Materno Infantil presentaba un cuadro extremo de desnutrición, signos de violencia física y terminó falleciendo por una broncoaspiración.

La investigación reveló una realidad estremecedora: el pequeño acumulaba 276 lesiones en distintas partes del cuerpo. Su hermana, también bajo guarda de la misma familia, tenía otras 119 lesiones y varias fracturas ya consolidadas.

Los fiscales concluyeron que ambos habían sido sometidos durante más de un año y medio a golpes, torturas y tratos crueles. En 2017 la Justicia condenó a prisión perpetua a Patricia Sánchez y Víctor Senise, la pareja que ejercía la guarda del niño.

Pero el proceso judicial fue mucho más allá: dejó al descubierto graves omisiones dentro del entonces Ministerio de Derechos Humanos, del Juzgado de Familia y de la Asesoría de Menores.

Los controles previstos nunca se realizaron con la frecuencia necesaria.

Durante los 18 meses en que los hermanos permanecieron bajo guarda apenas se elaboraron cuatro informes técnicos cuando debían confeccionarse uno por mes.

La entonces ministra Marianela Cansino reconoció fallas en el control y ordenó sumarios administrativos.

Las preguntas que vuelven a repetirse

Entre el caso Quipildor y el de Leonel Francia transcurrieron ocho años. Entre aquella tragedia y la muerte de Thiago Altamirano, ya pasaron más de diez.

Pero la pregunta se repite. ¿Cómo es posible que niños sometidos durante meses a situaciones de violencia extrema no sean detectados a tiempo?

¿Por qué los mecanismos de seguimiento no logran interrumpir el ciclo de maltrato antes de llegar al desenlace fatal?

En el caso de Thiago Quipildor, las responsabilidades alcanzaron incluso a organismos estatales encargados del control.

En el de Leonel Francia, vecinos hablaron de maltrato al menor.

En el expediente de Thiago Altamirano, una de las cuestiones centrales que ahora investiga la Justicia es el funcionamiento del sistema de protección.

Las condenas perpetuas dictadas representaron una respuesta penal, pero no lograron cerrar el interrogante de fondo.

La madre que mató de hambre a su hija de apenas 2 años

El caso de Francesca se suma a la lista de crueldad. Lla pequeña de dos años falleció en 2021 tras permanecer encerrada durante casi dos días sin alimento. Su historia volvió a cobrar actualidad luego de que la Justicia revisara la condena contra su madre.

Su historia volvió a ser recordada en los últimos días, en medio de la conmoción por el fallecimiento de Thiago Altamirano.

Incluso durante el velatorio del pequeño, María Eugenia, abuela paterna de Francesca, se acercó a expresar sus condolencias a la familia y volvió a reclamar que no se reduzca la responsabilidad penal de Micaela Colque, madre de la niña.

“Es una asesina y debe pagar en la cárcel”, sostuvo, al advertir que seguirá impulsando todas las acciones judiciales para evitar que la condena quede reducida.

El caso salió a la luz durante la madrugada del 22 de junio de 2021. Micaela Colque llegó con su hija en brazos hasta un centro de salud del barrio San Francisco Solano. Dijo que la pequeña se había ahogado mientras comía yogur con galletitas.

Los médicos comprobaron inmediatamente que la niña ya había fallecido. Pero hubo otro dato que cambió el rumbo de la investigación. El cuerpo presentaba signos de violencia y un estado de desnutrición extrema.

La autopsia confirmó luego que Francesca tenía hematomas, escoriaciones, una severa deshidratación y apenas pesaba seis kilogramos, una cifra incompatible con una niña de dos años.

Los peritos también concluyeron que había permanecido sin recibir alimentos ni asistencia durante un período prolongado y que esa situación derivó en la broncoaspiración que terminó provocando su muerte.

La investigación del Ministerio Público reconstruyó los últimos días de vida de la niña. Según la acusación, Micaela Colque salió de su vivienda para pasar el Día del Padre junto a familiares. Llevó consigo a su hijo mayor. A Francesca la dejó encerrada sola en una habitación durante 48 horas.

Los investigadores establecieron además que dejó el televisor con el volumen elevado para que los vecinos no escucharan el llanto de la pequeña. Cuando regresó al domicilio, la niña ya había muerto. Los peritos determinaron incluso que, al momento de ser trasladada al centro de salud, llevaba varias horas sin vida.

El cuadro reforzó para la acusación la existencia de un prolongado abandono y de una absoluta desatención hacia la pequeña.

En mayo de 2022, el Tribunal de Juicio consideró que la mujer había provocado deliberadamente la muerte de su hija y la condenó a prisión perpetua. Hace unos días, una sala reexaminó el caso y resolvió dejar sin efecto la condena a prisión perpetua.