Piden mayor vigilancia ante el aumento de la violencia en niños

La muerte de Thiago Altamirano, el niño de dos años que falleció el lunes pasado y que derivó en una investigación por maltrato infantil, cuando ya se encontraba bajo medidas de protección judicial, mantiene el debate sobre el sistema de cuidados.

Mientras la Justicia intenta establecer las responsabilidades que pudieron existir en el caso, dos funcionarias con intervención directa en la atención de niños y adolescentes coincidieron en un diagnóstico que trasciende este expediente: la violencia contra las infancias se manifiesta con mayor frecuencia y la detección temprana es el principal desafío.

Las declaraciones a Radio Salta y El Tribuno pertenecen a Matilde Alonso, titular del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC) del Ministerio Público Fiscal, y a Carina Iradi, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de la Provincia.

Aunque representan instituciones con funciones diferentes -e incluso una de ellas enfrenta cuestionamientos por parte de la familia de Thiago respecto del seguimiento del caso- ambas señalaron que la sociedad debe asumir un rol mucho más activo para advertir y denunciar situaciones.

Se necesita una aldea

Para Matilde Alonso, la muerte de Thiago obliga a revisar responsabilidades, pero consideró que la discusión no puede agotarse allí. La funcionaria planteó la necesidad de “elevar los niveles de alarma” de toda la comunidad para detectar tempranamente situaciones de violencia, abuso, negligencia o maltrato infantil.

En esa tarea incluyó no sólo a los organismos públicos, sino también a docentes, equipos de salud, fuerzas de seguridad, vecinos, familiares y cualquier adulto que tenga contacto con niños.

“Para criar a un niño se necesita una aldea”, recordó, citando un conocido proverbio africano, para explicar que la protección a los niños es una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y la sociedad.

En los hogares

La mirada de la Secretaría de Primera Infancia coincide con ese diagnóstico.

Carina Iradi dio un panorama sobre las intervenciones del organismo. “Los motivos de intervención son, en su gran mayoría, las violencias y las negligencias”, dijo.

Los datos oficiales muestran la magnitud del trabajo que realiza el sistema de protección. Sólo en la ciudad de Salta permanecen actualmente 162 niños y adolescentes alojados en distintos dispositivos de cuidado.

A ese número se suman otros 97 chicos que transitaron esos hogares únicamente durante el primer cuatrimestre del año y que posteriormente pudieron regresar con familiares o referentes considerados aptos para ejercer su cuidado.

En total, cerca de 260 niños pasaron por los dispositivos de protección de la capital salteña en apenas cuatro meses.

“Hoy es un delito lo que antes era corrección”

Uno de los aspectos que llamó la atención de las declaraciones de Alonso fue su análisis sobre el crecimiento de las denuncias. Según explicó, las violencias hacia niños “siempre existieron”, aunque hoy son más visibles porque la sociedad comenzó a identificar como delitos conductas que durante años fueron naturalizadas.

“Antes el castigo era entendido como una forma de corrección. Hoy el castigo es un delito”, afirmó. A su criterio, el incremento de las denuncias responde también a mayor conciencia social.

Vecinos, docentes, profesionales de la salud y directivos escolares intervienen con mayor frecuencia al advertir situaciones sospechosas y activan los mecanismos institucionales antes de que los casos se agraven.

No obstante, reconoció que aún resta avanzar en un aspecto central: la prevención primaria y la detección temprana del riesgo.

Por su lado Iradi explicó que las medidas excepcionales de protección sólo se adoptan cuando existe un riesgo cierto para el niño y no se encuentra un entorno familiar seguro. La pobreza, por sí sola, no constituye un motivo legal para separar a un niño de su familia.