Multas de hasta $50 millones: qué sanciona el nuevo Código Ambiental de Tucumán

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanza en el tratamiento de un nuevo Código Ambiental que busca reforzar los controles sobre distintas conductas que afectan la limpieza, el orden urbano y la preservación de los recursos naturales. La iniciativa contempla un amplio régimen de sanciones económicas para infracciones vinculadas a la gestión de residuos, la contaminación, el cuidado de espacios públicos y la convivencia ciudadana.

Uno de los principales objetivos del proyecto es combatir la formación de basurales clandestinos, una problemática que se repite en distintos puntos de la capital tucumana. Quienes generen microbasurales podrían enfrentar multas que van desde los $190.000 hasta los $770.000. Además, arrojar residuos fuera de los horarios establecidos para la recolección también será considerado una infracción.

La propuesta presta especial atención a la gestión de residuos urbanos. Los comercios, industrias y establecimientos que generen grandes volúmenes de basura deberán cumplir con nuevas obligaciones vinculadas a la separación y disposición adecuada de los desechos. El incumplimiento de estas normas podría derivar en importantes sanciones económicas.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de la quema de residuos. La práctica, que suele generar contaminación ambiental y riesgos para la salud, podrá ser castigada con multas significativas y, en algunos casos, con la clausura de las actividades responsables.

La protección de los recursos hídricos también ocupa un lugar destacado dentro de la iniciativa. Arrojar residuos en ríos, canales o desagües será considerado una falta grave, al igual que los vertidos contaminantes provenientes de actividades industriales. El proyecto también incorpora regulaciones específicas sobre el uso del agua potable para el llenado de piscinas.

En materia de convivencia urbana, el Código Ambiental propone sancionar la contaminación sonora. Los ruidos molestos generados fuera de los horarios permitidos, el uso indebido de equipos de sonido y otras situaciones que afecten el descanso de los vecinos podrán ser objeto de multas.

La normativa también incluye medidas relacionadas con la tenencia responsable de mascotas. Entre ellas, se contempla la obligación de recoger los excrementos de los animales en la vía pública y mantener condiciones adecuadas de higiene en los espacios compartidos.

La preservación de plazas, parques y árboles urbanos constituye otro de los ejes de la propuesta. La tala o poda sin autorización municipal, así como los daños ocasionados al mobiliario urbano, canteros y espacios verdes, podrán derivar en sanciones económicas para los responsables.

Asimismo, el proyecto apunta a controlar los impactos ambientales generados por obras de construcción y demolición. La dispersión de polvo, el depósito irregular de escombros y la suciedad provocada por vehículos que salen de obras sin las medidas correspondientes forman parte de las conductas que quedarían alcanzadas por el nuevo régimen.

Además de las multas, la iniciativa prevé medidas complementarias como clausuras, decomisos, suspensión de actividades y, en determinados casos, tareas de concientización o reparación ambiental. Según sus impulsores, el objetivo es promover una ciudad más limpia, ordenada y sustentable, fortaleciendo la responsabilidad de vecinos, comerciantes y empresas en el cuidado del ambiente.

El debate ya comenzó y promete generar discusión entre quienes consideran necesarias sanciones más severas y quienes sostienen que el verdadero desafío pasa por mejorar los controles y profundizar la educación ambiental.