Preocupación en Tucumán por estafas virtuales: se hacen pasar por policías y amenazan con falsas denuncias

Una nueva modalidad de estafa virtual genera preocupación en San Miguel de Tucumán y otras localidades de la provincia. En las últimas semanas, varias personas denunciaron haber sido víctimas de bandas delictivas que simulan pertenecer a fuerzas de seguridad para intimidar y exigir dinero mediante transferencias electrónicas.

Según especialistas que investigan estos casos, los delincuentes despliegan una elaborada estrategia de manipulación psicológica. A través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de citas, logran instalar miedo en las víctimas bajo la amenaza de supuestas investigaciones judiciales.

Uno de los mecanismos más frecuentes consiste en el envío de correos electrónicos falsos atribuidos a organismos oficiales. En esos mensajes, los estafadores aseguran que la persona está siendo investigada por delitos graves vinculados al uso de internet y exigen una comunicación urgente.

Otra modalidad detectada incluye perfiles falsos de mujeres jóvenes en redes sociales. Tras entablar conversaciones e intercambiar contenido íntimo, un supuesto familiar o un falso efectivo policial contacta a la víctima afirmando que la joven sería menor de edad y que existe una denuncia penal en curso. A cambio de “frenar” el proceso judicial, solicitan dinero de manera inmediata.

Especialistas advirtieron que los delincuentes utilizan sonidos de handys policiales, terminología técnica y datos personales reales para darle credibilidad al engaño. En muchos casos mencionan domicilios, lugares de trabajo o nombres de familiares para aumentar la presión emocional.

El dinero exigido suele enviarse a billeteras virtuales abiertas a nombre de terceros, lo que permite fragmentar rápidamente los fondos y dificultar el rastreo.

Ante el incremento de estas maniobras, recomiendan no realizar transferencias, cortar inmediatamente toda comunicación sospechosa y efectuar la denuncia correspondiente ante fiscalías especializadas o divisiones de delitos informáticos.

Además, remarcan que ningún juez, fiscal ni integrante de fuerzas de seguridad puede solicitar dinero para evitar allanamientos o detener causas judiciales.