Se cayó la versión de la “operación”: la sindicalista K acorralada por la Justicia admitió haber comprado el departamento debajo del de Cristina Kirchner

En un vuelco determinante dentro de la causa que investiga el financiamiento y patrimonio de dirigentes ligados al gremio de la UOM y a agrupaciones políticas, la dirigente sindical María Soledad Calle debió presentarse ante el juez federal Julián Ercolini para admitir que compró el departamento del primer piso en el edificio de San José 1111, ubicado inmediatamente debajo de la residencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La confesión judicial dejó al descubierto una cadena de profundas contradicciones. Semanas atrás, al hacerse pública la noticia, la propia Calle declaró categóricamente ante la prensa: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco”. Sin embargo, ante el avance de las medidas de prueba dictadas por Ercolini —que incluyeron el levantamiento del secreto fiscal y bancario— la estrategia de la dirigente colapsó.

Entre las principales inconsistencias que audita la Justicia se encuentra el rol laboral de Calle. Pese a negar públicamente su relación con el gremio, los informes incorporados al expediente por la Anses y el Ministerio de Capital Humano confirmaron un vínculo formal de dependencia con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desde abril de 2021, con haberes declarados que alcanzaron los $3,7 millones mensuales en 2026.

Asimismo, la investigación se centra en su participación como socia fundadora de la firma USEM S.A., empresa dedicada a la administración de fondos y seguros que firmó contratos millonarios con el sindicato comandado por Abel Furlán. Respecto al destino del inmueble de Constitución —adquirido por una suma cercana a los 189 mil dólares—, Calle intentó argumentar que se utilizaría para fines institucionales, aunque en la rendición de cuentas judicial no logró precisar el estatuto ni el registro de la presunta “fundación” a la que hizo referencia durante las gestiones comerciales.

En su escrito, la militante solicitó el sobreseimiento de la causa y sostuvo que tanto la unidad de San José 1111 como sus otros bienes de lujo —entre ellos un automóvil BMW M135 y una vivienda en el exclusivo barrio privado La Reserva de Cardales— fueron adquiridos con ingresos legítimos. No obstante, el juzgado continuará con los peritajes contables sobre los flujos de dinero entre el sindicato, la firma administradora y los activos personales de la imputada.